El presidente de la República, Luis Abinader, inició su administración con una clara intención de implementar reformas que modernicen y fortalezcan la estructura estatal del país.
Sin embargo, en solo dos meses de gobierno y también durante su primer mandato presidencial (2020-2024), ha enfrentado mucha oposición por parte de distintos sectores de la sociedad, que lo han llevado a retirar sus iniciativas.
El más reciente es el caso de la reforma fiscal. El pasado sábado, el jefe de Estado solicitó el retiro de “inmediato” del proyecto de Ley de Modernización Fiscal. Esta decisión llegó tras semanas de intensos debates públicos y protestas generalizadas, donde la sociedad dominicana expresó su rechazo a la propuesta a través de cacerolazos nocturnos y manifestaciones frente al Congreso Nacional.
El proyecto buscaba, entre otras medidas, la eliminación de exenciones fiscales y el aumento de ciertos impuestos, en un intento de estabilizar la deuda pública y aumentar los ingresos del Estado, pero ante la falta de apoyo popular se vio en la necesidad de retroceder.
Este no es el único episodio en el que Abinader ha tenido que dar marcha atrás debido a la presión social o a la falta de consenso político.
proyecto ley de trata
En medio del desencadenamiento de un torrente de indignación y repulsa popular, en febrero de 2023, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que Abinader instruyó a retirar del Congreso el proyecto relativo a Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sometido por el Poder Ejecutivo.
El gobierno indicó en ese entonces que el propósito de la medida era “lograr el consenso público necesario”.
La polémica pieza, que llegó a la cámara alta cuando el país estaba concentrado en sus preparativos navideños y de Año Nuevo, establecía en su artículo 63 que la gestión de permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito debían “realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.
También, que podrían gestionar un permiso de trabajo y “cualquier otro que les sea necesario”, ante las instituciones estatales correspondientes y optar por seguro de salud, hasta tanto permanezcan en la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas, un ente que sería fundado en caso de aprobarse el proyecto.
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Fuente: Listin Diario.
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