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Santo Domingo. – En un nuevo giro dentro del proceso judicial por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, la defensa de Antonio y Maribel Espaillat presentó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional una serie de documentos que buscan desmontar la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.
Uno de los elementos más relevantes es la carta de renuncia de Gregorio Adames, principal testigo del Ministerio Público, quien abandonó su puesto como encargado de reservaciones del establecimiento el pasado 7 de marzo, agradeciendo el ambiente laboral y sin realizar señalamientos negativos contra sus empleadores. La renuncia fue formalizada ante el Ministerio de Trabajo y forma parte del expediente presentado por el abogado Miguel Valerio, defensor de los imputados.
Además de la carta, se depositaron conversaciones extraídas del celular de Adames con los imputados, las cuales reflejan interacciones cordiales incluso después del trágico suceso.
Como parte de la estrategia de defensa, también se aportaron:
- Certificación del Ministerio de Trabajo que avala la desvinculación voluntaria de Adames.
- Correo de confirmación de que Antonio Espaillat se encontraba en una exposición de inteligencia artificial en Estados Unidos entre el 6 y el 9 de abril.
- Pasaje de retorno a República Dominicana fechado para el 21 de abril.
- Pasaportes de los imputados.
- Comunicación de colaboración activa con el Ministerio Público.
- Un total de 42 actos notariales de descargo y desistimiento, firmados por familiares de fallecidos y heridos, quienes habrían recibido compensaciones económicas.
La defensa sostiene que estas pruebas desmontan la narrativa de que Antonio Espaillat estaba evadiendo responsabilidades o que existía peligro de fuga. Asimismo, cuestiona la imparcialidad del testimonio de Adames, quien habría recibido su pago de prestaciones laborales justo un día antes de acudir al Ministerio Público.
Se espera que en los próximos días el tribunal emita su decisión sobre las medidas de coerción. Mientras tanto, crecen las expectativas sobre una posible libertad bajo garantía económica para los empresarios, si así lo decide la jueza actuante.
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