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Higüey, RD. – Una sentencia judicial ha impuesto una astreinte al Ayuntamiento de Higüey, debido a su negativa a entregar información pública solicitada conforme a lo que establece la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04).
La sanción económica busca presionar al cabildo para que cumpla con su deber de transparencia y rinda cuentas sobre asuntos de interés colectivo. La acción fue interpuesta por ciudadanos y organizaciones locales que exigían datos sobre contrataciones, ejecución presupuestaria y otros aspectos de la gestión municipal.
El tribunal competente otorgó un plazo al Ayuntamiento para entregar la información requerida y ordenó el pago diario de una suma fija hasta que se produzca la entrega efectiva de los documentos solicitados.
Este caso pone en evidencia la importancia del acceso a la información como herramienta de control ciudadano y refuerza el llamado a las instituciones públicas a respetar los principios de legalidad y transparencia en su accionar.
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