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| Por: Adonys Quevedo. |
De acuerdo con versiones obtenidas, tras la reciente designación de un nuevo director en ese centro, se habrían implementado medidas restrictivas que estarían afectando directamente la alimentación y el acceso a servicios básicos de los privados de libertad.
Según las denuncias, presuntamente se estaría impidiendo o retrasando el traslado de los alimentos desde el comedor hacia los pabellones, generando considerables demoras en la distribución de las raciones y provocando inconformidad entre los internos.
Otro de los señalamientos indica que el suministro de agua potable estaría siendo irregular, llegando supuestamente a durar hasta tres días sin distribuirse. Esto, según las mismas versiones, estaría provocando malestares de salud en algunos internos, incluyendo casos de diarrea.
También se ha mencionado que, presuntamente, el actual director del penal habría expresado no tener interés en permanecer en el cargo, lo cual, bajo ese supuesto descontento, estaría motivando la aplicación de restricciones que afectarían a la población penitenciaria.
De manera extraoficial, se ha informado que algunos internos estarían considerando iniciar una huelga de hambre como medida de presión, en caso de que la situación no mejore en los próximos días. Los internos advierten que podrían tomar acciones colectivas dentro del penal como forma de protesta.
Ante estas denuncias, aún no confirmadas de forma oficial, se hace un llamado a la Procuraduría General de la República y a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, para que esta situación sea debidamente investigada.
Asimismo, se exhorta a los organismos defensores de los derechos humanos a prestar atención a esta denuncia y verificar, de manera imparcial y transparente, lo que estaría ocurriendo en el CCR-11 de San Pedro de Macorís.
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