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Un Ministerio Público (MP) que actúe como órgano de persecución del delito de forma independiente es, en principio, un pilar fundamental para el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad. Sin embargo, ante la situación actual, cabe preguntarse: ¿tiene la cabeza del Ministerio Público en la República Dominicana clara su adscripción a un poder del Estado?
Puedo asegurar que no lo sabe —ni al Judicial, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo—, y esto representa un serio peligro para la estabilidad institucional y la democracia dominicana.
A continuación, se detallan algunos de los riesgos más significativos:
1. Debilitamiento de la Seguridad Jurídica
Si el liderazgo del Ministerio Público no tiene una comprensión clara de su posición dentro de la estructura estatal, se genera incertidumbre jurídica. Esto puede dar lugar a decisiones arbitrarias, falta de coherencia en las políticas de persecución penal y una aplicación desigual de la ley.
Los ciudadanos y las empresas necesitan saber cómo opera la justicia y a qué principios se adhiere el órgano encargado de perseguir el delito.
2. Riesgo de Abuso de Poder
La independencia del Ministerio Público es crucial, pero debe estar acompañada de mecanismos de rendición de cuentas claros. Si su máxima autoridad no se siente parte de ninguno de los poderes tradicionales, podría interpretarse como una ausencia de supervisión o contrapeso. Esto abre la puerta a:
- Persecución selectiva: Casos impulsados por intereses políticos o personales.
- Impune inacción: Omisión ante delitos que afecten a grupos o personas con poder.
- Búsqueda de protagonismo: Actuaciones mediáticas que prioricen la imagen pública sobre la efectividad y el debido proceso.
3. Falta de Coordinación Interinstitucional
El combate al crimen organizado, la corrupción y otros delitos complejos requiere colaboración entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y, en ocasiones, el Poder Ejecutivo.
Si la cabeza del MP no tiene claro su rol y sus vínculos interinstitucionales, surgen consecuencias como:
- Obstaculización de investigaciones.
- Ineficiencia en la judicialización de los casos.
- Fragmentación de la respuesta estatal.
4. Crisis de Legitimidad y Confianza Ciudadana
La percepción pública es fundamental para el funcionamiento de cualquier institución de justicia. Si existe ambigüedad sobre el rol y la adscripción del MP, la confianza ciudadana se erosiona. Esto puede generar:
- Descreencia en la justicia: Dudas sobre la imparcialidad y eficacia del sistema judicial.
- Fomento de la impunidad: Desaliento en la denuncia y mayor tolerancia al delito.
5. Dificultades Presupuestarias y Logísticas
La operatividad del MP depende, en gran medida, de su pertenencia a una estructura estatal definida. Si no está claro de dónde provienen sus recursos ni cómo se gestiona su presupuesto, se presentan:
- Asignaciones presupuestarias insuficientes o inestables.
- Carencias de infraestructura y tecnología.
- Falta de personal o deficiencias en su capacitación.
¿Cuál es la Solución?
La solución pasa por una definición clara y constitucional del lugar que ocupa el Ministerio Público dentro de la estructura estatal dominicana. La independencia funcional no debe confundirse con una autonomía absoluta ni con una indefinición institucional.
Es fundamental que:
- Se clarifique su relación con los otros poderes del Estado, promoviendo colaboración y contrapesos efectivos.
- Se definan con precisión sus competencias y límites.
- Se establezcan mecanismos sólidos de rendición de cuentas, que garanticen transparencia y legalidad sin afectar su independencia operativa.
Una discusión honesta y un acuerdo nacional sobre este tema son esenciales para fortalecer el sistema de justicia dominicano y garantizar que el Ministerio Público cumpla su rol de manera eficaz, en beneficio de la seguridad y el desarrollo nacional.
Por ello, en este humilde escrito hago un llamado a una reflexión urgente, para que las autoridades de turno se aboquen de inmediato a establecer y consolidar el sistema de gobierno al cual debe obedecer el Ministerio Público. En el contexto actual, tenemos más que suficiente evidencia de que el MP no puede continuar sin que su máxima autoridad sepa a quién rendir cuentas como entidad estatal.
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