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El director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Elías Báez, informó que durante un operativo de supervisión realizado este domingo en diversas clínicas, farmacias y laboratorios del país se identificaron múltiples irregularidades que afectan la atención eficiente a los afiliados del sistema de salud.
Uno de los principales hallazgos fue la suspensión del contrato entre la Clínica Cruz Jiminián y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), lo que impide que los pacientes del régimen subsidiado reciban servicios en ese centro médico.
“Esa situación perjudica a las personas de escasos recursos, ya que muchos de los beneficiarios del régimen subsidiado acudían allí para recibir atención médica. Además, estamos recibiendo quejas por las demoras en las autorizaciones de SeNaSa y las exigencias de preaprobaciones en las farmacias”, expresó Báez.
Durante la inspección también se constató que algunas farmacias incumplen la resolución de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), al no entregar copias selladas de las recetas cuando solo disponen de parte de los medicamentos prescritos.
El funcionario explicó que la normativa establece que si un paciente adquiere solo uno de los medicamentos indicados, la farmacia debe sellar y devolver una copia de la receta para que el resto pueda ser adquirido en otro establecimiento. “No lo están haciendo. Tampoco llenan el formulario correspondiente, y hay ARS que se niegan a aceptar las copias, aun cuando el afiliado las presenta correctamente”, advirtió.
Báez exhortó a la SISALRIL a reforzar las medidas de supervisión y garantizar el cumplimiento de las reglas del sistema. “Es necesario que las autoridades actúen con mayor firmeza para asegurar que los afiliados reciban el servicio que por ley les corresponde”, subrayó.
El titular de la DIDA también mencionó que se detectaron retrasos en laboratorios y ARS debido a la lentitud en los procesos de autorización. “Hay casos donde los laboratorios deben llamar varias veces para obtener aprobación, y en ocasiones no reciben respuesta. Lo mismo ocurre con algunas farmacias, donde las autorizaciones tardan demasiado”, detalló.
Finalmente, Báez recordó que, conforme a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, la DIDA tiene la responsabilidad de supervisar y garantizar la calidad de los servicios ofrecidos a los afiliados. Explicó que estos operativos se realizan para proteger los derechos de los usuarios, especialmente tras las recientes condiciones climáticas que han impactado al país.
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