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| Joaquincito Bocina Familia. |
Cada año, la llegada de los ascensos y retiros en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional (PN) pone a prueba la fibra moral de nuestras instituciones. Es el momento en que las leyes orgánicas se enfrentan al “amiguismo”, esa sombra del padrinazgo externo que busca saltar muros institucionales para imponer voluntades sobre el mérito. Es hora de que esta práctica nociva pase, con carácter de urgencia, al retiro definitivo.
El problema radica en la confusión de roles y en la erosión de la autoridad técnica. Debemos deslindar con absoluta claridad la función del Ministro de Defensa como gestor administrativo y político, de la función vital del Estado Mayor General.
Este último no es un convidado de piedra; es, por mandato de la Ley núm. 139-13, el principal organismo de consulta y asesoramiento del Presidente de la República en materia militar. Su deber sagrado es proteger el escalafón, asegurando que cada ascenso o retiro sea el resultado de una hoja de vida intachable y no de una llamada telefónica foránea.
En la Policía Nacional la situación es análoga o parecida. La Ley núm. 590-16 faculta al Consejo Superior Policial como el filtro institucional encargado de recomendar ascensos y retiros dignos. Cuando este Consejo o el Estado Mayor de las FF.AA. ceden ante la presión de “amigos” del poder, traicionan su responsabilidad ante el país y ante sus propios subordinados. El mensaje que se envía es devastador: se le dice al oficial honesto que el sacrificio no cuenta tanto como una buena relación política.
La responsabilidad del Estado Mayor General es ser el freno al intrusismo. Su criterio técnico debe ser el escudo del Presidente, evitándole el error de firmar ascensos que violenten el tiempo en el rango o la aptitud profesional. Un oficial que llega a una posición por influencias externas no responde a la cadena de mando, sino a su “padrino”, lo cual representa un riesgo directo para la disciplina y la seguridad nacional.
La verdadera modernización de nuestros cuerpos armados y policiales no está en los equipos, sino en el respeto irrestricto a la carrera de sus miembros. El ascenso debe ser un acto de justicia y el retiro un reconocimiento digno a décadas de servicio. Para lograrlo, el Estado Mayor General y el Consejo Superior Policial deben recuperar su voz y su autoridad técnica.
Es tiempo de que la ley entre en vigor y de que el privilegio por amiguismo sea dado de baja para siempre, única forma de erradicar las pesadillas que, año tras año y de forma reiterada, se presentan en la vida militar de estos hombres y mujeres dignos de admiración, no de lástimas ni de sosiegos.
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