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El caso se originó tras una intervención efectuada en marzo de 2024, donde agentes actuantes, en medio de otra investigación, encontraron un centro clandestino equipado para la reproducción fraudulenta de tarjetas electrónicas. En el lugar fueron ocupadas miles de tarjetas, así como dispositivos tecnológicos utilizados para procesar y validar transacciones.
De acuerdo con las investigaciones, los acusados formaban parte de una red que operaba de manera organizada, logrando clonar más de 5,000 tarjetas vinculadas a programas de asistencia social, lo que representó un perjuicio significativo para el Estado y para ciudadanos beneficiarios.
El tribunal competente determinó la responsabilidad penal de los implicados, declarándolos culpables de estafa electrónica, clonación de tarjetas y asociación de malhechores, imponiéndoles una pena de siete años de reclusión, además del pago de una indemnización millonaria a favor del Estado dominicano.
Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar enfrentando los delitos tecnológicos y desarticulando redes que atenten contra los recursos públicos y la seguridad financiera de la población.
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