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El incidente se produjo tras la denuncia pública realizada por la joven, quien señaló la presunta contratación de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular por parte del ayuntamiento.
En medio de la controversia, el ejecutivo municipal admitió que trabajadores extranjeros estarían siendo remunerados con fondos del cabildo y desempeñando funciones dentro de la institución. Asimismo, justificó esta práctica alegando que “los dominicanos no quieren trabajar”, afirmación que ha generado diversas reacciones en la opinión pública.
Las declaraciones han sido interpretadas por distintos sectores como contradictorias frente al discurso patriótico que el alcalde ha sostenido en ocasiones anteriores, intensificando el debate en torno a las políticas laborales y migratorias en el municipio.
El caso ha provocado un amplio intercambio de opiniones en redes sociales y espacios públicos, donde ciudadanos exigen mayor claridad y transparencia en la gestión de los recursos municipales.
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