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Cápsula Jurídica: Estado, Ciudadanía y Seguridad
La seguridad no es un concepto abstracto. Es una construcción diaria que depende de decisiones firmes, coherentes y responsables. Cuando el sistema de justicia se percibe como injusto o desproporcionado, deja de ser garantía de orden y comienza, peligrosamente, a convertirse en un factor de desprotección social. Ese es el punto crítico al que nos estamos aproximando.
Por ello, se impone un llamado urgente, directo y responsable a la Ministra de Interior y Policía y a la Procuradora General de la República: resulta imprescindible sentarse, de manera conjunta y sin dilaciones, a diseñar y establecer un protocolo de actuación claro, preciso y vinculante en materia de seguridad ciudadana.
Sin ese marco, el sistema seguirá enviando señales contradictorias. Se exige a la policía resultados inmediatos, pero simultáneamente se generan condiciones jurídicas que desincentivan su accionar. El resultado es inevitable: una fuerza pública que comienza a operar con temor, con dudas, evaluando más el riesgo personal que el deber institucional.
En ese vacío, emerge una peligrosa distorsión social. Sectores de la ciudadanía comienzan a interpretar esa debilidad como espacio para el desafío abierto a la autoridad. No se trata de un empoderamiento cívico legítimo, sino de una desviación que puede derivar en conductas irreverentes, agresivas y, en su expresión más grave, perversas frente al orden público.
A la par, se observa un uso cada vez más expansivo de la prisión preventiva, apartándose de su carácter excepcional. Cuando la medida cautelar pierde su lógica de necesidad y proporcionalidad, no solo afecta al imputado, sino que proyecta inseguridad jurídica sobre toda la estructura de seguridad.
El policía que duda, que teme, que percibe que actuar puede comprometerle injustamente, deja de actuar con la firmeza que exige la protección ciudadana. Y cuando la autoridad se inhibe, el delito encuentra espacio para crecer.
El protocolo que se reclama no es un formalismo. Debe ser un instrumento rector que establezca criterios objetivos de intervención, delimite el uso legítimo de la fuerza, garantice seguridad jurídica al agente actuante y fortalezca la coordinación efectiva entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.
No se trata de debilitar controles ni de justificar excesos. Se trata de restablecer el equilibrio. De asegurar que quien actúa conforme a la ley no sea castigado por cumplir su deber, y que quien la transgrede enfrente consecuencias justas y proporcionales.
Si no se actúa con prontitud, el costo será alto: una policía inhibida, una ciudadanía vulnerable y un Estado debilitado en su función esencial de garantizar el orden.
Este es un momento de definición institucional. O se construyen reglas claras y coherentes, o se profundizará la brecha entre justicia, autoridad y sociedad.
Joaquincito Bocio Familia
Maestro en Seguridad y Defensa Nacional.
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