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En el cuartel general de la Policía Nacional en Puerto Plata, abogados y familiares tendrían prohibido reunirse, conversar o siquiera ver a las personas detenidas, según denuncias realizadas sobre el manejo interno del recinto.
De acuerdo con las informaciones, los abogados no pueden comunicarse directamente con sus clientes, mientras que los familiares tampoco tienen acceso a los detenidos. En su lugar, deben enviar mensajes a través de agentes policiales, quienes posteriormente llevan la supuesta respuesta del privado de libertad.
La situación ha generado preocupación entre ciudadanos y juristas, debido a que el contacto entre abogados y detenidos forma parte de garantías fundamentales vinculadas al derecho de defensa y al debido proceso.
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