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Residentes de Bayahíbe solicitaron al Gobierno la regularización de los terrenos que aseguran ocupar desde hace generaciones y reclamaron seguridad jurídica para sus propiedades.
BAYAHÍBE, San Rafael de Yuma, La Altagracia. – Residentes y comunitarios del distrito municipal de Bayahíbe hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan en la regularización y el reconocimiento de sus derechos de propiedad sobre los terrenos que, según afirman, han habitado y trabajado por generaciones.
Comunidad denuncia incertidumbre jurídica
Los comunitarios sostienen que decenas de familias viven en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre legal debido a disputas territoriales que amenazan la estabilidad de quienes residen en la zona.
De acuerdo con los voceros del movimiento comunitario, la falta de títulos definitivos y la existencia de intereses particulares ponen en riesgo el patrimonio familiar y el sustento económico de una de las zonas con mayor crecimiento ecoturístico de la República Dominicana.
Exigen respeto a sus derechos históricos.
Durante un encuentro comunitario, representantes del movimiento manifestaron que no buscan privilegios, sino el reconocimiento de un derecho que consideran histórico.
Aseguraron que sus familias han vivido durante décadas en esos terrenos y reiteraron que continuarán defendiendo lo que consideran legítimamente suyo.
Solicitan diálogo con las instituciones del Estado
Los manifestantes indicaron que el desarrollo turístico y económico de Bayahíbe no debe producirse a costa del desplazamiento de sus habitantes nativos.
Por ello, solicitaron la instalación de una mesa de diálogo transparente con las instituciones competentes en materia de tierras, entre ellas el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Jurisdicción Inmobiliaria, con el objetivo de encontrar una solución legal, justa y definitiva.
Anuncian que continuarán las acciones pacíficas
La comunidad informó que seguirá organizando asambleas y otras actividades pacíficas hasta recibir una respuesta formal de las autoridades y un compromiso concreto que garantice la seguridad jurídica de sus propiedades.
Por: Amós Núñez
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