La crisis del arroz: el Gobierno no puede improvisar con la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
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Por 脕ngel Mendoza.
La crisis del arroz en la Rep煤blica Dominicana pone sobre la mesa una pregunta que el Gobierno debe responder con claridad: ¿qu茅 hizo durante los 煤ltimos a帽os para preparar a nuestros productores frente a los compromisos comerciales que ya conoc铆a?
La derogaci贸n del Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26, el pasado 9 de septiembre, ha reabierto una discusi贸n fundamental sobre el futuro de la producci贸n arrocera nacional y la capacidad del Estado para defender un sector estrat茅gico de nuestra econom铆a. El PLD ha cuestionado la ausencia de un plan alternativo suficientemente claro para enfrentar los desaf铆os derivados del DR-CAFTA.
El problema no es el tratado por s铆 solo. El problema es c贸mo se prepara un pa铆s para cumplir sus compromisos comerciales sin poner en riesgo la estabilidad de sus productores, los empleos rurales y la seguridad alimentaria de la poblaci贸n.
El calendario de desgravaci贸n arancelaria era conocido. Por tanto, el Gobierno ten铆a la responsabilidad de anticiparse, modernizar la producci贸n, reducir costos y fortalecer la competitividad del arroz dominicano. No era un escenario imprevisible; era una realidad que exig铆a planificaci贸n, previsi贸n y una pol铆tica agr铆cola coherente.
Sin embargo, hoy el pa铆s se encuentra ante interrogantes leg铆timas sobre las medidas ejecutadas, los recursos invertidos y los resultados obtenidos para preparar al sector.
¿D贸nde est谩 la evaluaci贸n integral de la pol铆tica arrocera aplicada entre 2021 y 2026? ¿Cu谩nto se ha invertido efectivamente en modernizaci贸n, riego, mecanizaci贸n y reducci贸n de costos? ¿Qu茅 garant铆as concretas tienen nuestros productores frente a las nuevas condiciones comerciales?
Estas preguntas no buscan alimentar la confrontaci贸n pol铆tica. Buscan exigir transparencia y responsabilidad en el manejo de un asunto que afecta directamente a miles de familias dominicanas.
La preocupaci贸n es real. De acuerdo con las cifras presentadas por el PLD, la actividad arrocera involucra aproximadamente a 30,000 productores y genera m谩s de 300,000 empleos directos e indirectos. <Cite refs={["turn100955search1"]}/>
Detr谩s de esas cifras hay agricultores que invierten sus recursos, trabajadores que dependen de las cosechas y comunidades cuya econom铆a gira alrededor de esta actividad.
Tampoco podemos ignorar al consumidor. El arroz es un alimento esencial en la mesa dominicana. Una pol铆tica responsable debe procurar que los productores reciban una compensaci贸n justa por su trabajo y que las familias puedan adquirirlo a precios razonables. La protecci贸n de la producci贸n nacional debe ir acompa帽ada de eficiencia, productividad y transparencia en toda la cadena de comercializaci贸n.
Ahora bien, el Gobierno ha anunciado conversaciones para renegociar las condiciones comerciales y ha informado que mantendr谩 los controles de entrada del cereal dentro del marco legal vigente. El sector arrocero, por su parte, expres贸 p煤blicamente su respaldo al proceso y su confianza en las negociaciones. <Cite refs={["turn100955search2"]}/>
Esas declaraciones deben traducirse en resultados verificables. La confianza de los productores no puede descansar 煤nicamente en promesas, reuniones o anuncios oficiales. Debe sustentarse en compromisos concretos, plazos definidos, financiamiento y medidas que permitan comprobar que el pa铆s est谩 preparado para competir.
Desde una perspectiva de responsabilidad p煤blica, resulta indispensable convocar una mesa nacional de negociaci贸n, evaluar la pol铆tica arrocera de los 煤ltimos a帽os y establecer un programa extraordinario de modernizaci贸n que incluya rehabilitaci贸n de los sistemas de riego, mecanizaci贸n, investigaci贸n agr铆cola, asistencia t茅cnica y acceso al cr茅dito. Estas medidas deben contar con presupuesto, calendario de ejecuci贸n y mecanismos de rendici贸n de cuentas, como ha planteado el PLD. <Cite refs={["turn100955search0","turn100955search1"]}/>
La Rep煤blica Dominicana necesita aprender de esta situaci贸n. La pol铆tica agr铆cola no puede manejarse 煤nicamente cuando surge una crisis o cuando las consecuencias de un compromiso internacional comienzan a sentirse. Gobernar tambi茅n significa anticipar escenarios, preparar a los sectores productivos y defender el inter茅s nacional mediante negociaciones serias y pol铆ticas p煤blicas sostenibles.
El arroz dominicano no puede convertirse en una v铆ctima de la improvisaci贸n ni nuestros productores quedar expuestos a una transici贸n comercial sin un plan claro de competitividad.
La seguridad alimentaria debe ser una prioridad permanente, no una consigna utilizada cuando las circunstancias obligan a reaccionar.
El Gobierno tiene la responsabilidad de explicar lo realizado, reconocer las deficiencias que correspondan y presentar soluciones concretas. Y la oposici贸n tiene el deber de fiscalizar, formular propuestas y exigir que las decisiones p煤blicas respondan al inter茅s de la naci贸n.
Porque cuando hablamos del arroz, no hablamos solamente de un cultivo ni de una disputa entre partidos. Hablamos del sustento de miles de familias, de la econom铆a rural y de la capacidad de la Rep煤blica Dominicana para garantizar el abastecimiento de uno de los alimentos fundamentales de su poblaci贸n.
El futuro del arroz dominicano exige planificaci贸n, transparencia y decisiones responsables. Nuestros productores merecen garant铆as, nuestros consumidores merecen precios razonables y el pa铆s merece una pol铆tica agr铆cola a la altura de sus necesidades.

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