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| Richard Segura |
En la República Dominicana, el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) está diseñado para proteger a los ciudadanos ante diversas contingencias, tales como; salud, vejez, discapacidad, maternidad y enfermedad común. Sin embargo, la protección específica para personas desempleadas aún es limitada, aunque existen ciertos beneficios y mecanismos indirectos que pueden brindar apoyo en situaciones de desempleo.
De manera limitada, podemos mencionar la cobertura del Plan Básico de Salud a través del Seguro Familiar de Salud (SFS), donde el afiliado cuenta con 60 días de cobertura cuando queda desempleada, luego de que su empleador le haya dado de baja de la nómina, específicamente de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Esta cobertura solo le permita el acceso a servicios médicos y medicamentos durante el primer mes y atenciones por emergencia durante el segundo mes.
Cabe destacar que, existe la afiliación al Régimen Subsidiado, bajo ciertas condiciones: por ejemplo, las personas desempleadas de bajos ingresos pueden ser evaluadas para ingresar al régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud, el cual es financiado por el Estado. El artículo 7 de Ley 87-01 que Crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en el numeral b establece que, este régimen protegerá a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como a los desempleados, discapacitados e indigentes, financiado fundamentalmente por el Estado Dominicano.
Ahora bien, la Constitución Dominicana en su artículo 61 versa sobre el derecho a la salud, el cual, toda persona tiene derecho a la salud integral. El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. Sin embargo, en la República Dominicana existen Hospitales Públicos donde garantizan el derecho a la salud, pero el Estado Dominicano no te garantiza una Farmacia en cada sector o municipio donde el afiliado vulnerable y de escasos recursos pueda obtener sus medicamentos para mejorar su salud.
En otro orden, la Ley 87-01 estable en su capítulo III, a partir del artículo 63, garantiza las pensiones del régimen subsidiario, donde el ciudadano tiene el derecho a una pensión solidaria para la población discapacitada, desempleada e indigente, como parte de una política del Estado a reducir los niveles de pobreza; Pero, ¿Quiénes aportan para la pensión solidaria?, El empleador. Este Fondo de Solidaridad Social es financiado mediante el aporte solidario de un 0.4% del total del salario cotizable de los trabajadores de una empresa.
Sin embargo, en la práctica, su alcance ha sido limitado y desigual. Estos aportes no siempre se traducen en beneficios tangibles para la población más vulnerable, debido a deficiencias estructurales en la administración, la falta de transparencia y la débil fiscalización estatal.
El Estado dominicano, en su rol de garante del derecho social y la salud, ha mostrado una marcada insuficiencia en la regulación y supervisión del sistema, lo que ha permitido que intereses privados dominen gran parte de la gestión, priorizando la rentabilidad sobre el bienestar social y el derecho a la salud. En consecuencia, los aportes solidarios terminan siendo percibidos más como una carga para los trabajadores y empleadores, que como un verdadero instrumento de justicia social.
El Estado dominicano enfrenta el reto urgente de reformar la ley 87-01 Que Crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, transparentar la gestión y garantizar que estos recursos se traduzcan efectivamente en mayor protección social y dignidad para todos los afiliados.
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